|
La distribución supone un momento
contablemente único, atemporal; sin perjuicio de que el efectivo pago pueda
acontecer –y de hecho así sucede- en distintas instancias, hechas las
previsiones que permiten al síndico cumplir con el mandato legal de las normas
concursales, pues sin perjuicio de lo que venimos sosteniendo, en el caso de los
créditos de índole alimentaria coincidimos en que no pueden ser demorados en
su percepción cuando existen fondos disponibles para atenderlos[1].
Una exposición esquemática utilizada por
el Dr. Eduardo Moccero, apreciado colega y profesor de la materia, tiene la
ventaja de mostrar gráfica e ilustrativamente cómo opera la distribución:
Al distribuir el producido, se debe
tener en cuenta:
 |
La deducción para el pago de los créditos por gastos
concursales |
|
La reserva para el pago de los créditos pendientes de
condición o resolución |
|
El crédito verificado con privilegio especial no muta a
quirografario por la teórica insuficiencia de la cosa asiento del
privilegio, sino que realizado ese bien e insuficiente su producido para el
pago del crédito, el saldo insoluto resulta ser quirografario[2],
si la ley no prevé una posición mejor (v.g., créditos laborales y
fiscales) |
Previo al pago de los créditos
verificados, deben ser satisfechos los gastos por los servicios y las
prestaciones que el proceso de realización generó, con el producido de los
bienes sobre los que aquellos recayeron. Asimismo, respecto de la
prededucibilidad de los “créditos por gastos concursales”, hacemos notar
que hay dos instancias distintas en que la LQC considera su pago.
Una, es la del art. 244 que, en particular,
establece una reserva de su producido, para satisfacer los gastos ocasionados
por los bienes que sean asiento de créditos con privilegio especial.
Otra instancia es la del art.240, que
abarca a todos los que han aprovechado, en general, al proceso.
De no alcanzar para cubrirlos totalmente a
cada uno, los fondos existentes se
distribuyen a prorrata entre estos créditos. Esta solución –más allá de la
previsión normativa- es de toda justicia pues la igualdad entre los acreedores
no es un principio de aplicación exclusiva entre los créditos concursales[3].
En este punto deseamos hacer dos precisiones:
|
Quedan a salvo del prorrateo los gastos ordinarios o
extraordinarios que el juez haya autorizado en su momento para ser pagados
como necesarios a tenor del art. 183, párr. 3ro., que habrán sido
satisfechos de inmediato. |
|
Que el prorrateo debe ser aplicado en ambos casos o
instancias descritas; es decir, tanto frente a los gastos contemplados en el
art. 240 como ante los del art. 244. Por teórico que pueda parecer el
supuesto, la solución que se propugna es clara y de toda justicia, sin
embargo, la jurisprudencia ha entendido en algunos casos, que el pago debe
ser inmediato y de no serlo los créditos respectivos generarían intereses
moratorios[4]. |
Entendemos que la ratio de la norma exige:
que el pago no puede ser hecho sino hasta que el crédito sea exigible, luego
que haya fondos suficientes y, por último que su efectivo pago no lesione
derechos previos o “mejores”[5];
dadas todas estas condiciones el concurso que demora el pago puede ser puesto en
mora y deberá pagar los consiguientes intereses; de lo contrario, entendemos
que no proceden.
Asimismo, reconocemos que desde el punto de
vista exegético, advertimos una contradicción en el propio texto del art. 240,
ya que parece difícil conciliar el sistema de pago inmediato con el prorrateo
de remanentes[6].
Adelantamos que si los fondos no alcanzaren
a pagar los “créditos por los gastos concursales”, la quiebra deberá ser
clausurada por falta de activo y los autos girados a sede penal bajo la presunción
de fraude.
Art.
220 - Reservas. En todos los casos, deben efectuarse las siguientes
reservas: 1) Para los acreedores cuyos créditos están sujetos a condición
suspensiva. 2) Para los pendientes de resolución judicial o administrativa.
La constitución de las reservas obedece
primordialmente al propósito de no excluir a los créditos que aún se hallan
pendientes, en alguna de las circunstancias contempladas por la norma. El síndico,
al practicar el estado de distribución total, y en su caso la decisión
judicial que lo disponga, deberá reservar una parte para cubrir créditos:
|
sujetos a condición suspensiva, dado que los sujetos a
condición resolutoria entran en la distribución, sin perjuicio de que si
la condición se cumple, deban restituir lo recibido, pudiéndose exigir
caución tendiente a asegurar la restitución; |
|
litigiosos pendientes de decisión, quedando incluidos en
este rubro:
 |
las cuestiones a decidir por resolución administrativa
o judicial; |
|
lo vinculado con pretensiones de gozar de privilegio |
|
En estos casos la situación es análoga
con relación a la existencia de una condición u otra circunstancia
convencional, legal, judicial o administrativa, de la cual depende la adquisición
efectiva del derecho.
Por otra parte, como ya se dijo allí, debe
diferenciarse tal reserva de la verificación de garantías otorgadas por el
deudor fallido (caso en el que la obligación existe como tal y en este estadio
del proceso -la etapa de distribución del producido por la liquidación de los
bienes-, ya se conocerá quién es el sujeto acreedor al dividendo según sea
oportunamente acreditado el pago que hiciera el garante). Los créditos a los
que está destinada la reserva dispuesta por el art. 220 de la LCQ carecen –al
tiempo de la presentación del proyecto de distribución- de exigibilidad, por
eso no integran el proyecto, pero previsiblemente pueden llegar integrar el
pasivo, si se cumple la condición o se dicta una resolución o sentencia
favorable alos mismos.
Respecto de estas acreencias es importante
puntualizar que los procedimientos respectivos (art. 220, inc. 2do.) deben haber
sido iniciados y que –por caso-
la probabilidad de una impugnación posterior de la existencia o
legitimidad de los créditos por exportación por los que el concursado
solicitó reintegro anticipado del IVA, no cabe insinuación en el pasivo, ni aún
con carácter condicional, tampoco solicitar la reserva prevista en el art. 220,
inc. 2do., de la LCQ. La D.G.I. debe acreditar –si pretende tal reserva- que
los procedimientos administrativos han sido, por lo menos, incoados.
Lo contrario llevaría a considerar y hacer
pesar sobre el activo (aunque sólo fuera como posibilidad) un crédito que
nunca podría ser reclamado; la reserva (art. 220 de la LCQ) que “embarga”
el activo distribuible sólo puede ser dispuesta si existe la posibilidad
cierta, en razón de actuaciones actuales.
En todo caso, la reserva debe afectar la
porción del líquido que presumiblemente deba corresponder al crédito eventual
de que se trate.
Art. 242 - Extensión.
Los privilegios se extienden exclusivamente al capital del crédito, salvo
en los casos que a continuación se enumeran en que quedan amparados por el
privilegio:
[referido
a los incs. 2do., y 4to. del art. 241, y en este último caso] En
este caso se percibirán las costas, los intereses anteriores a la quiebra,
el capital y los intereses compensatorios posteriores a la quiebra, en ese
orden.
El privilegio
reconocido a los créditos previstos en el inciso 6 del artículo 241 tienen
la extensión prevista en los respectivos ordenamientos.
Art. 243 - Orden de
los privilegios especiales. Los privilegios especiales tiene la prelación
que resulta del orden de sus incisos, salvo:
1) En el caso de
los incisos 4) y 6) del artículo 241, en que rigen los respectivos
ordenamientos;
2) El crédito de
quien ejercía derecho de retención prevalece sobre los créditos con
privilegio especial si la retención comenzó a ejercerse antes de nacer los
créditos privilegiados.
Si concurren créditos
comprendidos en un mismo inciso y sobre idénticos bienes, se liquidan a
prorrata.
Art. 247 - Extensión
de los créditos con privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes,
una vez satisfechos los créditos con privilegio especial, los créditos del
artículo 240 y el capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones
mencionadas en el inciso 1) del artículo 246.
En lo que excedan
de esa proporción, los demás créditos enumerados en el artículo 246
participan a prorrata con los comunes o quirografarios, por la parte que no
perciban como privilegiados.
Art.
249 - Prorrateo. No alcanzando los fondos correspondientes, a
satisfacer íntegramente los créditos con privilegio general, la distribución
se hace a prorrata entre ellos. Igual norma se aplica a los quirografarios.
Art. 248 - Créditos
comunes o quirografarios. Los créditos a los que no se reconocen
privilegios son comunes o quirografarios.
Art. 250. Créditos
subordinados. Si los acreedores hubiesen convenido con su deudor la
postergación de sus derechos respecto de otras deudas presentes o futuras
de éste, sus créditos se regirán por las condiciones de su subordinación.
Los créditos deben ser abonados respetando
su rango o jerarquía y en la medida y el alcance determinados por la normativa
concursal (atendiendo las remisiones legales, en su caso). Ello no empece a
interpretar sus reglas en sentido económico, lo cual ha traído divergencias
jurisprudenciales y ha ido perfilando un orden práctico. En otros casos la
reforma producida por la ley 24.522 ha variado sustancialmente las
consideraciones judiciales.
En primer lugar deberán ser pagados los créditos
que gozan de privilegio especial, con el producido de los bienes que en cada
caso se indica (art. 241) deduciendo, como ya se dijera la reserva prevista en
el art. 244 para cubrir los gastos que tales bienes-asiento produjeran durante
el trámite del proceso liquidatorio y que les atañe específicamente.
El orden de los incisos del artículo 241
determinan el rango en que deben ser satisfechos los créditos que concurran
sobre un mismo bien asiento, no siendo en este caso aplicable el principio del
prorrateo sino la jerarquía legalmente establecida[8];
distinto es el caso en que la concurrencia lo sea dentro de un mismo rango,
donde será procedente el pago a prorrata.
El régimen de los privilegios especiales
instituido en el art. 241 de la ley 24.522 no contempla otros, creados por leyes
especiales que, tal como lo adelantáramos en el Capítulo 4, no son en
principio invocables en el ámbito falimentario[9].
Entendemos que esto es así, salvo que queden conceptualmente englobados en la
norma -v.g., el caso de las expensas por gastos comunes lo es como propio del
mantenimiento del edificio de propiedad horizontal, y por ende vemos contemplado
en el sentido y alcance de la norma del inciso 1ero., del art. 241-.
En lo que respecta a la extensión cubierta
por el privilegio, salvo las excepciones previstas en la misma ley de concursos,
sólo alcanza al capital.
Coordinando todo lo dicho con lo dispuesto
por el art. 245 in fine, que prevé que el saldo del crédito
privilegiado que no alcanzó a ser cubierto con el producido de los bienes
afectados al privilegio pasa a revestir el carácter de quirografario se llega a
la ya anticipada conclusión de que el saldo por los intereses posteriores (a la
presentación en concurso preventivo o declaración de quiebra, en su caso)
padecerán la suspensión de los de los créditos quirografarios[12].
La doctrina suele sostener que una vez agotado el bien el acreedor ya no los
puede hacer valer, que se los debe dar por perdidos[13].
En nuestra opinión ello no es del todo así.
Tal vez lo sea en un concurso preventivo, porque el acreedor hipotecario o
prendario no pudo percibir con el producido del bien -o con el valor atribuido-
la totalidad o parte de los intereses. Pero en una quiebra, en la cual el
producido de los bienes sujetos a ejecución colectiva alcanzó para pagar los
créditos verificados, con más sus actualizaciones y quedó un remanente para
pagar los intereses ‘suspendidos”, no se puede sostener que los acreedores
hipotecarios y prendarios no puedan hacer valer sobre dicho remanente sus
derechos a los intereses que no pudieron hacer valer sobre el producido del bien
afectado al privilegio[14].
En lo que respecta a los montos por los
tributos comprendidos por el inc. 3ero., del art. 241, a pesar de no existir una
norma expresa que remita los saldos insatisfechos por el asiento, al rango de
créditos con privilegio general del art. 246, inc. 4to., entendemos que
–sin violentar la interpretación restrictiva que se impone a la especie-
dichas sumas gozarán de esa preferencia por el remanente impago, dado el texto
genérico y omnicomprensivo de ese último inciso[15].
Y, finalmente, concurrirán con los quirografarios, pero adelantamos que se
extinguirán por pérdida de la capacidad contributiva en el caso de agotamiento
final del patrimonio.
Satisfechos los créditos con privilegio
especial y los créditos por gastos concursales, se procederá a asignar los
fondos generales a los créditos laborales contra el fallido con privilegio
general del art. 246, inc. 1º.
A partir de allí, serán satisfechos los
créditos con privilegio general que –en principio- tienen asignado el 50 %
del producido no afectado por los créditos de mayor rango, por el 50 % que
resta concurren con los quirografarios en pie de igualdad, según lo dispone el
art. 247 de la LC.
Señalamos que no alcanzando los fondos
correspondientes a satisfacer íntegramente los créditos con privilegio
general, la distribución se hace a prorrata de ellos (art. 249 LC), pasando los
saldos impagos a formar parte de la categoría de créditos quirografarios, en
la que cabe igual prorrateo.
NOTAS:
[1]
C. Nac. Com., sala E, 4/4/89 - Keutex S.A, JA 1989-II, síntesis.
[2]
C. Nac. Com., sala D, 15/5/92 - Sasetru S.A., quiebra /Inc. de intim. de
pago promovido por Juan M. Lavigne y Cía. S.A; JA 1993-I-328.
[3]
Los acreedores amparados por las disposiciones del art. 264 LC., como dice
la norma, tienen preferencia en el cobro de sus créditos, por ser deudas
del concurso, contraídas por las causas previstas en su contenido y con las
únicas limitaciones expresamente previstas en la norma, exceptuando a
quienes tengan privilegios especiales. Esta preferencia no puede ser
limitada por interpretaciones fundadas en principios generales, ni por
aplicación de otras normas en sentido distinto al fin realmente previsto.
No resulta adecuada la interpretación de posponer el cobro de los créditos
a la liquidación o distribución en la quiebra. La ley no lo establece y a
este respecto debe considerarse que los acreedores del concurso no están
comprendidos en la ley del dividendo, cobran directamente del síndico y
encontrándose así establecido por la ley, no resulta acertado sostener se
viola con el principio de la "par conditio creditorum", desde que
es la norma legal, la que taxativamente determina un orden de categoría de
acreedores para el cobro de sus créditos como se establece en los arts. 263
a 274 ley 19551. Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 10/3/86 - Banco de Los
Andes S.A; JA 1987-I-497.
[4]
C.N.Com, Sala B, 7/2/1983 “S.A. Bodegas y Viñedos Arizú s/quiebra s/inc.
cobro cred. por Danti, Carlos y otros”.
[5]
Respetando lo dicho en el texto (es decir, con las previsiones
correspondientes para los demás créditos por gastos concursales,
encontramos admisible que “los acreedores del concurso -en el caso un
coadministrador- pueden efectivizar sus créditos directamente sobre el
patrimonio del fallido, sin esperar la presentación del estado de
distribución de fondos por el síndico, pero siempre que no afecten bienes
sujetos a privilegios especiales. Tal exclusión de los bienes con los
privilegios indicados deriva de un orden legal explícito, gozando de la
preferencia prevista por el art. 265 inc. 7 de la ley 19551, con las
características que reglamenta el precepto siguiente (art. 264 párr. 1º
ley citada)”. C. Civ. y Com. San Nicolás, 15/2/96 - Cocilova, Ana M. v.
Empresa Costera S.R.L JA 1997-IV-síntesis
[6]
Conf. DASSO, ARIEL A., ob. cit. tº1, pp.596/7, quien previene sobre la
aplicación axiológicamente disvaliosa del “prior in tempore” en
materia concursal.
[7]
Sobre el particular, es interesante destacar el dictamen del organismo
impositivo que afirma “resulta claro que la LCQ prevé expresamente la
situación de aquellos acreedores cuyos derechos están condicionados al
acaecimiento de hechos que los tornen exigibles, como resulta de sus arts.
220 y 125, 2do., párr. Deviene pertinente apuntar que el cumplimiento de
una condición reviste, por fuerza, carácter hipotético. Por las
consideraciones expuestas, se estima que resultar¡a viable insistir en la
reserva de dichos créditos por la v¡a del art. 37 2do., párrafo de la
LCQ”. Con el cual no concordamos dado que -en la especie- la eventualidad
no tiene base en ninguna figura legal sino en una posibilidad empírica,
insistimos si es que aún no ha sido iniciado el trámite administrativo
porque no se han dado los presupuestos de hechos que lo inerven. Dictamen
38/98 DAL-DGI, del 04.12.1998, Publicado en Fiscus N° 15, julio 1999.
[8]
“No resulta razonable -en la hipótesis de un acreedor privilegiado que
enfrenta la pretensión de otro sobre el cual tiene prelación de cobro-
condicionar el funcionamiento del privilegio a que su titular demuestre que,
de hacerse lugar al pago que el segundo requiere, los fondos no alcanzarían
para satisfacer su crédito prioritario; tal carga probatoria desnaturalizaría
el régimen de los privilegios y afectaría las razones que llevan a su
implantación” Corte Sup., 29/10/87 - Banco de los Andes S.A., quiebra; JA
1988-II-285.
[9]
La doctrina coincidía –bajo el imperio de la ley 19.551- en que estos
privilegios eran contemplados en la ejecución colectiva por la remisión
genérica hecha por el anterior art. 265, in fine (hoy omitida).
Conf. IGLESIAS, JOSÉ A., Los privilegios en.... R.D.C.O. Nro.
121/123. Cuadernos 4. Ed. Depalma. Buenos Aires, 1987; p.352, nota 547.
[10]
Reiteramos lo dicho en el Capítulo 4 respecto del monto de los intereses
–aún en los créditos
privilegiados- que la jurisprudencia tiene dicho que puede ejercerse de
oficio la facultad judicial de morigerar los intereses pactados en exceso
C.N.Com., Sala A, 28/08/97, “Banco de la Provincia de Buenos Aires v.
Clasi S.A.C.I. y A.”, en J.A.1998-l-113.
[11]
MARIANI DE VIDAL, MARINA, “El
privilegio de los intereses y los gastos causídicos en la ley de
concursos’, E.D. 45-903.
[12]
TONON, Instituciones concursales, Ed. Depalma t. l, p. 146.
[13]
En ese sentido se pronuncian Fassi y Gebhardt quienes señalan que,
“agotado el producido de la subasta, si queda un saldo impago, sea por
capital o intereses, es un crédito quirografario y como tal no da derecho a
percibir de la masa suma alguna de intereses. Vale decir, que si el saldo es
por capital, entrará en el prorrateo con los demás quirografarios. Si es
por intereses, se lo considerarán extinguidos (FASSI-GEBHARDT, ob.cit., p.
81). Con los mismos lineamientos Mariani de Vidal señala que “los
intereses que no se cubran con el resultado de la subasta del bien
hipotecado o prendado, o que no invistan el carácter de crédito contra la
masa, no podrán ser percibidos como quirografarios (art. 19LCQ)”.
(MARIANI DE VIDAL, MARINA, ob. cit., E.D. 45-911).
[14]
Conf. TONON, ob. cit, t l, p.147.
[15]
La doctrina no es pacífica en cuanto al tratamiento que se debe dar al crédito
fiscal remanente luego de agotado el bien asiento del privilegio especial.
Martínez sostuvo la posición que damos en el texto si bien
con el argumento de que el legislador no ha limitado el privilegio
general, excluyendo la hipótesis planteada. MARTÍNEZ, “El privilegio
fiscal”, en Estudios de derecho fiscal. Ed. Contabilidad Moderna,
Buenos Aires, 1973; p. 194); en el mismo sentido, AL.L.ENDE, G. –
MARIANI DE VIDAL, M. Los privilegios en la ley de Concursos y en el Código
Civil. Ed. Víctor de Zavalía, Buenos Aires, 1974; p. 150. En contra
KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., quien sostenía la remisión de los saldos
impagos de los créditos originariamente privilegiados a la categoría de
quirografarios por imperio del antiguo art. 269.
Todos ellos citados en GIULIANI FONROUGE, CARLOS, Derecho
financiero. (actualizado por Susana Navarrini y Rubén Asorey) Ed.
Deplama, Buenos Aires, 6ª edición 1997; p. 629, en nota ** 23.
|
